El caso más emblemático del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que prometía ser la vanguardia y el ejemplo de combate a la corrupción y llevar a la cárcel a “peces gordos” del sexenio pasado, se desinfló y resultó ser un fiasco.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), salió este 20 de febrero de 2024 del Reclusorio Norte para enfrentar su proceso penal en libertad tras un cambio de medida cautelar.

Desde que fue traído de España, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que no había peligro de que se fugara. Ahora el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México utilizó el mismo argumento, que Lozoya Austin no representa un riesgo de fuga.

El juicio más emblemático de la 4T y de la FGR, el caso Emilio Lozoya Austin, operado en forma escandalosa y con clara “consigna política”.

Desde el principio, con su pretendido estatus de “testigo colaborador”, estuvo lleno de privilegios, contradicciones e intereses políticos.

Tuvo que darse una especie de indignación nacional al ver a Lozoya cenando pato pekinés, que todo indica fue la gota que derramó la paciencia de AMLO y provocó presionar a la FGR. Fue hasta el miércoles 3 de noviembre de 2021 que la FGR solicitó la prisión preventiva oficiosa contra Lozoya Austin, pero podría haberlo hecho desde que el sujeto fue extraditado de España en julio de 2020.

Los elementos ahí estaban: se había fugado de México, negó facilitar la extradición y tenía cuentas en el extranjero, además de múltiples domicilios.

En la audiencia inicial de 2021, el juez Artemio Zúñiga Mendoza se extrañó que la FGR no solicitara la prisión preventiva contra el exfuncionario, pues existían los elementos suficientes para argumentar riesgo de fuga.

“Y yo no puedo poner una medida más grave que la que me piden los fiscales”, dijo el juzgador en aquella ocasión.

PACTO POR MÉXICO

El grupo de posibles inculpados serían funcionarios públicos y legisladores que participaron en el Pacto por México y en la Reforma Energética.

El periódico Reforma informó en esos días que el extitular de Pemex tendría en su poder unos 12 videos con 16 horas de contenido audiovisual que inculparían a varios funcionarios públicos que supuestamente aceptaron sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética impulsada por Enrique Peña Nieto.

Los legisladores que participaron en el Senado fueron los panistas Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y Raúl Gracia Guzmán; también Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Barbosa.

En la Cámara de Diputados habrían participado los panistas Ricardo Anaya y Luis Alberto Villarreal. Por el PVEM participaron Arturo Escobar y Pablo Escudero.

También organizaciones, como Estrategia Contra la Impunidad y Transparencia Mexicana, pedían que Lozoya fuera transparente durante su proceso y que se respetara la publicidad de las audiencias.

En el gobierno de la 4T, los únicos casos que llevaron a la cárcel o, al menos, se les giró orden de aprehensión, al final se convirtieron en cacería política, más mediática que legal.

VENGANZAS POLÍTICAS

Los casos más célebres de “venganzas políticas” y uso faccioso de la justicia penal de esta administración morenista son: Emilio Lozoya, Rosario Robles, Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y el del abogado Juan Collado, por mencionar los más relevantes.

Todos estos casos, que fueron bandera de combate a la corrupción del Presidente AMLO, fueron bien usados mediática y políticamente, pero muy mal sustentados jurídicamente, por lo que todos ya están en libertad.

Apenas en febrero de este año un juez federal ordenó la liberación inmediata del abogado Juan Collado tras determinar que no había un delito qué perseguir.

Al respecto AMLO dijo (como en todos los casos que resuelve el Poder Judicial): “Ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari… está podrido el Poder Judicial o -para no decirlo tan fuerte- está secuestrado por la oligarquía. Está al servicio de una minoría, no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México”.

Otro asunto muy polémico fue el de Rosario Robles, que se operó como una “venganza política”, ya que “la FGR, con la ayuda del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna y enemiga pública de Rosario Robles, judicializaron un expediente sin haber confirmado un delito”.

Estuvo en la cárcel privada de su libertad durante tres años, como medida cautelar, toda vez que se le aplicó por utilizar una licencia “falsa”, que en su momento sus abogados comprobaron le “fabricaron”… y por ello al final un juez le otorgó su libertad.

Otro proceso penal mediático, considerado faccioso y con sesgo político, es el del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, vinculado con Emilio Lozoya Austin, quien acusó que altos funcionarios de Odebrecht sobornaron a legisladores de oposición -entre ellos Anaya- para que votaran en favor de la Reforma Energética que impulsó en su momento el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

La FGR aseguró que “según consta en diligencias ministeriales”, el jefe de escoltas del propio Emilio Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, le entregó a Anaya los 6.8 millones de pesos en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

En la actualidad existe, virtualmente, una orden de aprehensión contra Ricardo Anaya, por esta razón vive en el extranjero y ahora tendrá una curul en el Senado de la República.

El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también fue considerado por analistas y abogados como una burda “venganza política”.

El mandatario estatal fue acusado por la FGR de haber incurrido en el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos, por lo cual el Ministerio Público solicitó su desafuero al Congreso de la Unión, en abril de 2020.

En diciembre de ese año, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno de Circuito rechazó el recurso de revisión que interpuso la FGR para apelar el fallo de un juez federal que amparó al mandatario tamaulipeco contra la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que la presentó de manera extemporánea.

García Cabeza de Vaca obtuvo el amparo relacionado con el proceso mediante el cual el mandatario estatal ya había obtenido una suspensión provisional, y luego definitiva, que le impide que se ejecute en contra la orden de captura solicitada por la FGR; al final también se resolvió en su favor y quedó absuelto por el Poder Judicial.

El escándalo Lozoya se dio en forma paralela a la publicitada “Consulta para juzgar expresidentes”, todo ello generó una gran expectativa de que podría inculparse a más de un expresidente en casos de corrupción y que incluso podrían ir a prisión, pero en México todavía no se da un caso de tal dimensión.

LAVA JATO

Países como Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Colombia y Argentina nos llevan ventaja en esta materia de combate a la corrupción. Algunos han llevado a prisión a expresidentes, como Perú, Brasil, Guatemala y Argentina.

En Brasil, la operación “Lava Jato” fue el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos con Petrobras, la petrolera estatal.

La operación “Lava Jato” ya antes había llevado al encarcelamiento a Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir un apartamento frente al mar de una constructora a cambio de favores.

Lula y Temer sólo son los casos más visibles de una operación que ha provocado la caída de ministros, congresistas y empresarios como Marcelo Odebrecht, CEO de la constructora Odebrecht, una compañía que tejió una red de sobornos en varios países de América Latina, entre ellos México.

Los seguidores de los últimos excarcelados, Lula y Roussef, del Partido de los Trabajadores, y de Temer, del Movimiento Democrático Brasileño, han criticado los casos, afirmando que la justicia se ha empleado con fines políticos.

Sin embargo, hay una diferencia con el uso político de la justicia que se ha hecho en México, donde se persigue a los corruptos de manera selectiva, señala un estudio publicado por el CIDE.

Agrega que “la política siempre será parte de estos procesos de alto impacto, y por ello es preferible tener un marco legal y de instancias con una fuerte capacidad técnica, para que toda acusación e investigación anticorrupción esté sustentada fuertemente en razones legales y normas explícitas. De otra manera, se convierte la lucha anticorrupción en una cacería política sesgada y parcial”.

UN SUEÑO GUAJIRO ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

El gobierno de la 4T terminará en 208 días y la promesa de acabar con el peor cáncer de México, la corrupción, se quedó en reclamo e ilusión de millones de mexicanos que esperaban que algún día se iniciaran acciones reales y de fondo contra la impunidad.

Millones de mexicanos, alentados por el discurso del Presidente AMLO de juzgar a expresidentes, se quedarán con el deseo de ver sangre, por no decir que esperaban que AMLO metiera a la cárcel a Peña Nieto… que finalmente no ocurrirá. Una promesa incumplida de López Obrador.

En este sexenio ya no vimos que se aplicara la ley con sustento jurídico. No hubo un solo caso fundado y motivado, que llevara a la justicia a “peces gordos” o algún expresidente.

Será en el sexenio 2024-2030 cuando veamos el primer caso de un expresidente que sea juzgado y sentenciado… ¿con argumentos jurídicos y no políticos?