El improbable viaje de la sección tercera de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense terminó este lunes en Washington, donde el Tribunal Supremo decidió por unanimidad que Donald Trump tiene derecho a figurar en las papeletas de las primarias de Colorado, previstas para el 5 de marzo. Colorado es uno de los 15 Estados que votan el Supermartes.

“Debido a que la Constitución hace al Congreso, y no a los Estados, responsable de hacer cumplir la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda contra los titulares de cargos y candidatos federales, el Tribunal Supremo de Colorado se equivocó al ordenar que el expresidente Trump fuera excluido de la papeleta de las primarias presidenciales de 2024″, dice el Tribunal Supremo.

El Supremo de Denver había resuelto en diciembre que cabía aplicar la llamada “cláusula de inhabilitación” del texto fundamental al expresidente, por los actos, calificados como “insurrección”, que protagonizó en las semanas previas y durante el 6 de enero de 2021, jornada en la que una turba de sus seguidores asaltaron el Capitolio tras un mitin en Washington en el que Trump los arengó para marchar hacia la sede del Congreso estadounidense, donde se ese día estaban reunidos congresistas y senadores para certificar el triunfo electoral de Joe Biden en las elecciones de noviembre anterior. El candidato republicano se negó a aceptar ese resultado y aún sigue (junto a una tercera parte del electorado) sin aceptarlo.

A Colorado, donde la demanda la puso un grupo de votantes, se sumaron después el Estado de Maine, y, la semana pasada y por sorpresa, una jueza de Illinois, que dictaminó que Trump no podía concurrir en las primarias del próximo 19 de marzo. Ambas decisiones quedaron, con todo, en suspenso a la espera de la sentencia este lunes en Washington. En la práctica, todas esas iniciativas quedan desestimadas este lunes junto con la de Colorado. En estos meses se habían interpuesto más de treinta demandas parecidas por todo el país.

Protesta a las puertas del Supremo el pasado 8 de febrero, día en el que el tribunal escuchó los argumentos en el caso de la inhabilitación de Trump en Colorado.

Protesta a las puertas del Supremo el pasado 8 de febrero, día en el que el tribunal escuchó los argumentos en el caso de la inhabilitación de Trump en Colorado.© SHAWN THEW (EFE)

Toda la discusión giró en torno a la interpretación de un par de frases de la Constitución, 95 palabras en total, muy poco usadas, sobre las que el Supremo nunca se había pronunciado. Se trata de la sección tercera de la decimocuarta enmienda, una adenda al texto fundamental aprobada en 1868, tres años después del fin de la Guerra de Secesión (1861-1865). Sirvió para otorgar plenos derechos a las personas esclavizadas y para colocar un dique de contención que evitara que los sublevados confederados pudieran volver a ejercer un cargo público y dinamitar el sistema desde dentro.

El texto tiene dos partes. La primera dice: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente apoyar la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de Estados Unidos o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país”. La segunda continúa: “Empero, el Congreso, por medio del voto de dos terceras partes de cada Cámara, podrá subsanar esa incapacidad”.

En esa vista oral se plantearon dudas sobre si ese texto se refiere explícitamente al cargo de presidentes, y de si es una provisión que se aplica automáticamente o si tiene que ser el Congreso el que la ponga en funcionamiento. Los abogados de Trump argumentan que el discurso ante sus seguidores del 6 de enero está protegido por la libertad de expresión. El acusado sostiene que su inhabilitación habría equivalido a un acto de persecución política.

Es la segunda vez en menos de una semana en la que el Supremo le da un balón de oxígeno al expresidente en sus planes de regresar a la Casa Blanca cuatro años después. El miércoles pasado, el tribunal decidió que respondería a la pregunta de si a Trump le asistía la inmunidad presidencial cuando trató de revertir el resultado electoral de las elecciones de 2020, lo cual implica un nuevo aplazamiento en el inicio del juicio que se sigue contra el magnate en Washington por los hechos que desembocaron en el asalto al Capitolio. La vista para escuchar los argumentos orales de ambas partes ha quedado fijada para el 22 de abril. Es previsible que pasen semanas hasta que los nueve magistrados dicten, tal vez en junio, su resolución. Solo entonces, y únicamente si no dan la razón a Trump y si le niegan la inmunidad, podrá fijarse la fecha de inicio del juicio de la injerencia electoral. Eso podría suponer un retraso hasta septiembre u octubre.

La teoría jurídica de la inhabilitación empezó a tomar cuerpo en agosto pasado con la difusión previa a su publicación de un artículo científico de 126 páginas para la revista jurídica de la Universidad de Pensilvania. Titulado La extensión y la fuerza de la sección tercera, lo firmaban William Baude y Michael Stokes Paulsen, dos reputados académicos conservadores, que argumentan que la cláusula de descalificación está viva y que no caben dudas de que los actos de Trump encajan en su descripción. Este lunes, el Supremo les ha quitado la razón.

Fuente:ElPais

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