El canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció este jueves la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas del país. La medida ocurre en medio de las tensiones que ha generado la detención de la activista Rocío San Miguel y las denuncias que han hecho diversas organizaciones sobre la repetición en este caso de un patrón de desapariciones forzadas cometido por los cuerpos de seguridad. Un total de 13 funcionarios instalados en Caracas desde 2019, luego de la visita al país de la ex Alta Comisionada Michelle Bachelet, deben suspender sus actividades y tienen 72 horas para dejar Venezuela. “Esta oficina ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano”, afirmó Gil en rueda de prensa.

El chavismo se ha replegado y ha roto así el canal que se había abierto para investigar en terreno denuncias de violaciones de derechos humanos y canalizar ayuda humanitaria y recomendaciones para mejorar el sistema de justicia en el país. El funcionario señaló que la comisión ha cumplido “un papel impropio” que “lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que constantemente confabulan en contra del país”. Venezuela hará una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento durante los próximos treinta días y hasta que los miembros de la comisión “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.

La presencia del personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas, autorizada por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2019, cuando se había agudizado el cerco diplomático tras los cuestionamientos de la comunidad internacional a su reelección de 2018, permitió documentar los preocupantes informes que se han presentado en Ginebra sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la ocurrencia de casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras graves violaciones.

A esto se sumó el trabajo de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, cuyo mandato fue renovado el año pasado, pese a la negativa de Venezuela, la cual se ha dedicado a sistematizar los patrones de persecución de opositores y grupos críticos de la gestión.

Las ONG locales han presionado a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que señale las violaciones al debido proceso que han denunciado en el caso de la abogada San Miguel, que seis días después de su detención en el aeropuerto de Maiquetía continúa incomunicada y fue presentada a audiencia sin contar con asistencia privada, en un acto en el que se le imputaron los delitos de conspiración, terrorismo y traición a la patria.

Fuente: EFE