Mediante el Primer reporte de violencia política de Integralia Consultores se alertó sobre la creciente intervención del crimen organizado en las elecciones locales de 2024 en México. Según el reporte, se identificaron seis entidades con un riesgo muy alto de intervención de la delincuencia organizada en los comicios locales: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos.

Además, se mencionaron nueve entidades con un riesgo alto, que incluyen a Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz. En nivel medio se encontró la Ciudad de México, Quintana Roo y Puebla. Con un nivel bajo se ubicaron Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche y Oaxaca. Mientras que, con el menor riesgo de intromisión de la delincuencia se ubica Baja California Sur, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.

Según la empresa de consultoría, el crimen organizado emplea diversas estrategias para influir en el proceso electoral, incluyendo asesinatos, agresiones, financiamiento de campañas, imposición de candidaturas, movilización o inhibición del voto, y alteración de la votación en casillas.

Sin embargo, en el documento se indicó que esta intervención se intensificará durante el 2024, principalmente, debido a tres factores clave: la presencia de múltiples grupos criminales en conflicto armado, la proliferación de mercados ilícitos más allá del narcotráfico, y un récord histórico en el número de presidencias municipales en disputa.

Aunque, explicaron que existen otros factores de riesgo a tomar en cuenta como lo son los estados de derecho débiles, por la poca resistencia de los tres niveles de gobierno; o la intervención en procesos donde existe una alta competitividad electoral que pone en riesgo la derrota electoral.

Según el reporte, los grupos criminales buscan controlar principalmente los gobiernos municipales para obtener recursos valiosos y operar con impunidad. La captura de estos gobiernos puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales representan una oportunidad para consolidar su autoridad desde el inicio de las nuevas administraciones.

“En 2024 Integralia ha contabilizado 21 eventos de violencia político-electoral, asociados con 32 víctimas; los homicidios contra funcionarios públicos y aspirantes han sido la manifestación más frecuente”, denunció la empresa, en su reporte.

Según sus cifras, a lo largo del año se han contabilizado 10 homicidios, cuatro secuestros, tres atentados, seis acciones de violencia de género y tres destrucciones de patrimonio contra funcionarios o aspirantes a un puesto de elección popular.

Proceso más ensangrentado de la historia

Armando Vargas, consultor de Integralia, destacó que el proceso electoral de este año puede llegar a ser el “más ensangrentado” en la historia de la democracia mexicana, por lo que hizo un llamado a una acción más enérgica por parte del Estado mexicano, instando a reconocer la magnitud del problema y tomar medidas efectivas para enfrentarlo.

Una de las preocupaciones centrales que mencionó es la falta de capacidad por parte de las autoridades electorales y los partidos políticos para hacer frente a esta problemática.

“Al día de hoy, en este momento las autoridades electorales, los partidos políticos, las instituciones de seguridad y los tribunales judiciales no tienen capacidades para evitar este problema. (La incidencia del crimen organizado) ha sido consecuencia de un abandono político e institucional de hace décadas… que se va a corregir si se comienzan a realizar acciones en este momento a muy largo plazo”, señaló el especialista.

Por otro lado, Armando Vargas señaló que las medidas propuestas por el INE son insuficientes y carecen de una comprensión profunda de la dinámica del crimen organizado en el contexto electoral. Además, criticó la concentración del plan de seguridad en la violencia política, ignorando otras formas de intervención del crimen en las elecciones y la falta de consideración hacia los candidatos locales, que son los más vulnerables.

“(Al plan de seguridad propuesto por el INE) le vemos dos grandes fallas: una falla técnica y una falla de Concepción. A nivel técnico… priorizando niveles de riesgo, estos niveles de riesgo se van a definir con base en el comportamiento de la incidencia delictiva, ese es un indicador muy, muy engañoso, no solamente por los problemas de súper registro y de inconsistencia que tienen los indicadores delictivos, sino porque, aunque fueran muy sólidos y muy confiables, no necesariamente reflejan la dinámica del crimen organizado.

“El segundo problema, que es de concepción, creo que es todavía más grave… se está concentrando en la violencia política, eso está bien, pero el problema de fondo no es la violencia política, sino la intervención del crimen en las elecciones”, denunció.

Mientras que, en cuanto a la influencia del crimen organizado a nivel nacional, Vargas identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa como los principales actores con presencia en múltiples estados. Sin embargo, destaca que la dinámica del crimen varía según la región, con diferentes grupos dominando diferentes áreas.

Fuente: El Financiero